El Gobierno de México emitió este lunes una disculpa pública a las familias de los cinco jóvenes desaparecidos el 11 de enero de 2016 en la ciudad de Tierra Blanca, en el estado de Veracruz, una muestra de asunción de la responsabilidad del Estado, quien actuó de forma cómplice con el crimen organizado.
En una conferencia de prensa, el gobernador del estado, Cuitláhuac García, pidió perdón a los familiares e insistió en que este es el primer paso para que se haga justicia y se dicte sentencia y condena para los 21 detenidos involucrados en el caso.
«Se reconoce la responsabilidad estatal por la conducta llevada a cabo el 11 de enero de 2016 por autoridades del gobierno de Veracruz que ahora represento y que ocasionó la desaparición forzada, tortura y ejecución arbitraria de los jóvenes», indicó.
Con este contundente mensaje el político evocó en la memoria colectiva de los asistentes al Museo Memoria y Tolerancia, en el centro de la capital mexicana, los hechos acaecidos aquel día de enero en el que cinco chicos -entre ellos una adolescente- tomaron un coche camino a la ciudad de Playa Vicente sin llegar nunca a su destino.
En el camino a casa se toparon con una gasolinera en la ciudad de Tierra Blanca, nombre que hoy ya forma parte del pensamiento de los mexicanos como un caso emblemático, atroz, similar al de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Policías estatales, «sin ninguna causa justificada, sin que existiera ningún motivo, se los llevaron y los entregaron a presuntos miembros del crimen organizado», recordó García.
Desde entonces han pasado tres años en los que la impunidad ha pesado incluso más que el dolor de los padres, quienes se desgastaron persiguiendo a las autoridades.
Aunque estas tenían pruebas de lo sucedido -entre ellas un video registrado por la cámara de seguridad de la gasolinera- buscaron desde el principio no implicarse en el caso, hoy todavía con 21 detenidos sin sentencia.
Lejos de eso, se buscó criminalizar a los jóvenes inventando que estaban implicados en presuntas actividades ilegales, algo que hoy desmintió también García.
«Es una disculpa por las veces en que se intentó criminalizar a sus hijos y sin justificación alguna se les señaló falsamente», aseguró.
Tras esto, apuntó que el poder judicial buscará que los procesos judiciales contra las personas detenidas lleguen a su fin y «aseguren las condenas respectivas tanto por desaparición forzada como por delincuencia organizada».
De los involucrados se identifica a 8 integrantes de la policía del estado de Veracruz y 13 personas acusadas de formar parte del grupo criminal Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Luego de la disculpa, García quiso personificar en estas cinco familias a «las miles de familias que buscan a sus seres queridos en el estado».
Solo en Veracruz se estiman en 30.000 las desapariciones forzadas desde 2006 a la fecha.
A su juicio, sobre actos de disculpa como este se asienta la «convicción de que una verdadera transformación como la que se busca en el país requiere poner los derechos humanos en el centro de nuestro actuar».
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, respaldó las palabras del dirigente de Veracruz y agregó que es evidente «que el Estado no ha garantizado la seguridad de sus habitantes».
«Hoy estamos aquí por la entereza y la dignidad que han dedicado ustedes los familiares de estos jóvenes muchachos para buscar la justicia, la reparación y la garantía de no repetición de este tipo de hechos en el país», aseveró.
Por su parte, algunos padres de los fallecidos dedicaron mensajes tanto de frustración como de agradecimiento.
«Mi intención era hablar sobre la justicia, después de muchas vueltas pensando por dónde empezar este diálogo con ustedes concluí que yo no soy quién para hablarles de justicia, tengo razones fundadas para no creer en esta», dijo Bernardo Benítez, padre de uno de los chicos.
Tras esto, expresó su deseo de que se juzgue a los implicados en el caso dirigiéndose de forma frontal al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, a quien advirtió que, de no resolver casos como este, «se manchará las manos».
«Es una gran oportunidad, aprovéchela», concluyó así su turno de palabra en el que honró a los jóvenes muertos: José Alfredo González, Mario Arturo Orozco, Susana Tapia, José Benítez y Bernardo Benítez.
A mediados de enero, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) hizo público un registro de 40.180 personas desaparecidas en México y dijo que en la mayoría de los casos contaba con la identidad digital, la cual incluye nombre completo de la víctima, fecha de nacimiento, fotografía y huella dactilar.