El congreso del norteño estado mexicano de Nuevo León aprobó una polémica ley contraria al aborto criticada por organismos sociales por «criminalizar» a la mujer y «eximir de responsabilidad al hombre en el proceso de reproducción», consideró este jueves una ONG.
El organismo Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos pidió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León que presente una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El miércoles en la tarde, en medio de manifestaciones de organizaciones a favor de la interrupción del embarazo, el Congreso del Estado de Nuevo León aprobó una restrictiva ley antiaborto.
La iniciativa, que fue aprobada con 30 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones plantea reformas a la constitución política del estado para ampliar la protección a la vida del ser humano desde su concepción hasta la muerte natural.
Con esta ley, ahora la interrupción del embarazo será motivo de cárcel en el estado y las penas para la mujer que decida abortar irán de entre 6 meses a un año de prisión.
Habrá dos excepciones, cuando la embarazada corra peligro de muerte o grave daño a su salud, o cuando el embarazo sea producto de una violación.
En cuanto a la sanción para el médico o partera que cause un aborto la pena irá de uno a tres años de cárcel, y se le retirará la cédula profesional.
En México, el aborto se regula a nivel estatal y hay circunstancias bajo las cuales no se castiga o no se considera como un delito.
En los 32 estados mexicano el aborto es legal cuando el embarazo es producto de una violación y solo en Ciudad de México desde hace 10 años se han implementando servicios gratuitos de aborto electivo y seguro dentro de las primeras 12 semanas de gestación.
En 24 estados, el aborto está permitido cuando es un riesgo de muerte para la madre; en 16 cuando existen alteraciones genéticas graves y en 15 se acepta cuando hay riesgo a la salud o se produce una inseminación no consentida.
Solo dos aceptan razones socioeconómicas.
El aborto sigue siendo un asunto polémico en Latinoamérica y en países como Argentina, El Salvador, Honduras y República Dominicana es una práctica totalmente ilegal.
Gran parte de las naciones de la región admiten en teoría la interrupción del embarazo en los tres casos de inviabilidad fetal, riesgo de muerte de la madre o violación.