Diecisiete congresos locales de México validaron el dictamen que crea la Guardia Nacional, cumpliendo así el requisito constitucional de que debía ser aprobada por al menos la mitad más uno de los estados del país, informó este miércoles el presidente del Senado, Martí Batres.
Según publicó el senador en su cuenta de Twitter, las asambleas legislativas de Tamaulipas, Puebla y Sinaloa validaron hoy el dictamen que crea este nuevo cuerpo de seguridad pública integrado por policías y militares.
Así se sumaron a los otros estados que ya lo habían hecho a lo largo de la semana: Guerrero, Chiapas, Campeche, Tabasco, Nuevo León, Colima, Zacatecas, Hidalgo, Querétaro, Estado de México, Durango, Tlaxcala, Baja California Sur y Quintana Roo.
«Ya son los 17 Congresos Locales que marca la Constitución», aseveró Batres después de que el dictamen tuviera la aprobación de 17 de los 32 estados del país.
Este jueves, se espera que los congresos de Ciudad de México y de Veracruz debatan sobre la Guardia Nacional, que previsiblemente también será aprobada en esas entidades.
El dictamen que crea este organismo fue aprobado por unanimidad el 21 de febrero en el Senado y el 28 de febrero en la Cámara de Diputados, pero al tratarse de una reforma constitucional requería de la validación de 17 congresos locales.
Tras superar este trámite, la reforma deberá ser promulgada por el presiente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ha sido el principal impulsor de la Guardia Nacional.
Este organismo de seguridad pública tendrá el objetivo de reducir los altos índices de delincuencia que sufre el país, donde el pasado año se registraron 33.341 asesinatos, siendo el más violento de la historia de México desde que empezaron los registros en 1997.
La Guardia Nacional causó polémica en un inicio dado que López Obrador pretendía que tuviera una dirección militar, lo que fue criticado por la oposición y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Consideraban que este organismo perpetuaba la «militarización» del país, donde el Ejército está presente en las calles desde la Presidencia de Felipe Calderón (2006-2012) y ha sido acusado de cometer violaciones a los derechos humanos.
Finalmente, tras un acuerdo entre todos los partidos políticos mexicanos, se estableció que la Guardia Nacional tendrá un carácter civil, una dirección policial y los militares solo participaran en ella durante cinco años, para luego regresar a los cuarteles.
Amnistía Internacional pidió este miércoles al Congreso que apruebe cuanto antes una ley reglamentaria de la Guardia Nacional para que «cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos, incluido un mecanismo de rendición de cuentas por un órgano civil independiente».
La organización sostuvo que «no se debe permitir» que los elementos militares de la Guardia Nacional participen en la investigación de delitos, actúen como auxiliadores de la fiscalía o que realicen detenciones. EFE