Grupos proinmigrantes pidieron este martes el cierre del cuestionado Refugio Temporal para Niños Migrantes No Acompañados de Homestead, en el sur de Florida, durante una protesta en las inmediaciones del albergue en la que instaron a «liberar» a al menos 1.200 menores recluidos allí en la actualidad.
Con gritos de «los niños están para jugar, no para encarcelar» y «casa sí, detención no», decenas de manifestantes mostraron su rechazo a la política migratoria de «cero tolerancia» del presidente Donald Trump que ha separado miles de niños de sus padres en la frontera, muchas de ellos detenidos en Homestead.
«No más separación de la familia y beneficios económicos a costa de la detención de niños», demandó María Bilbao a nombre de la organización United We Dream.
La activista cuestionó que lo que debería ser «un refugio temporal», es realmente «un negocio a largo plazo».
«Necesitamos que se cierre el campo de detención de Homestead y que las familias se reúnan de inmediato», manifestó Bilbao.
Como ella, delegados de la Coalición de Inmigración de la Florida (FLIC), el Comité de Servicio de Amigos de Estados Unidos, WeCount, la Asociación de Trabajadores Agrícolas de la Florida y otros grupos a favor de los inmigrantes instaron al Gobierno Trump a reunir a estos niños con sus padres.
La semana pasada, el congresista demócrata Ted Deutch señaló que del 2014 al 2018 el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos recibió más de 4.500 quejas de abuso sexual en contra de menores inmigrantes no acompañados, muchos de ellos en Homestead.
Con carteles como «el peor presidente», «liberen a los niños», «las familias deben permanecer juntas» y «ciérrenlo», los manifestantes se apostaron en las inmediaciones del albergue, administrado por una empresa privada.
En el centro de detención viven, según datos oficiales, unos 1.200 chicos y chicas de 13 a 17 años, en su mayoría centroamericanos y mexicanos, y pronto se prevé que serán 2.350.
Antes de llegar a Estados Unidos, muchos de los detenidos han sufrido violencia de pandillas, otros fueron violados, ya sea en sus países de procedencia o en la travesía, y otros huyeron por la pobreza.
La estancia promedio de estos jóvenes en el albergue es de 58 días, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.
Más de 2.600 menores fueron separados el año pasado de sus padres bajo la política de «tolerancia cero» de la Administración, que exigía el procesamiento penal de todos los inmigrantes adultos que fueran detenidos después de intentar cruzar la frontera sur del país.
La política impulsada por el entonces fiscal general, Jeff Sessions, creó mucho malestar en la sociedad estadounidense y provocó que Trump la cancelase tres meses después del inicio de su aplicación.