La delación de la constructora brasileña Odebrecht sobre los sobornos que ha admitido haber pagado ha implicado ya a varios gobernantes y exgobernantes latinoamericanos y la lista tiene visos de aumentar.
El expresidente del Perú Alejandro Toledo (2001-2006) ha sido acusado de recibir de Odebrecht para su usufructo personal una comisión de 20 millones de dólares y contra él pesa ya una petición de arresto preventivo solicitada por la Fiscalía general de su país.
Se da la circunstancia de que el actual presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, era el ministro de Economía cuando ocurrieron los hechos en cuestión, y conocida la acusación contra Toledo no le faltó tiempo para lavarse las manos en una suerte de «excusatio non petita, accusatio manifesta».
Como respuesta, la esposa de Toledo, Elliane Karp, conocida por su incontinencia verbal, le lanzó públicamente a Kuczynski la inquietante y autoinculpatoria amenaza de que no le haga hablar porque ella sabe bien lo que él ha hecho.
En Colombia, la Fiscalía General ha solicitado la apertura de una investigación sobre la denuncia de la «contribución» de Odebrecht con un millón de dólares a la campaña electoral para la reelección del actual presidente del país, Juan Manuel Santos.
En Panamá pesa una orden de búsqueda y captura contra dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) a los que la banca suiza ha congelado cuentas por valor de 22 millones de dólares que les entregó Odebrecht, según las delaciones procedentes de la propia empresa.
También en Panamá, la Fiscalía General ha formulado cargos contra Amado Barahona, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del gobierno (2004-2009) de Martín Torrijos.
En el Perú, la Fiscalía Anticorrupción mantiene abierta una investigación sobre la presunta implicación de Nadine Heredia, esposa del expresidente Ollanta Humala (2011-2016) en el pago de los sobornos admitidos por Odebrecht.
El también expresidente peruano Alan García está citado, hasta ahora en calidad de testigo, por la Fiscalía Anticorrupción por los sobornos de Odebrecht durante su última administración presidencial, de 2006 a 2011.
Además de la acusación que gravita ahora sobre el propio presidente Santos, en Colombia está encarcelado, entre otros, como acusado confeso de haber sido sobornado por Odebrecht Gabriel García Morales, vieceministro de Transportes durante la Administración del presidente Álvaro Uribe Álvaro Uribe (2002-2010).
Del entorno de Uribe, también ha sido señalado por informaciones de la prensa brasileña procedentes de las delaciones de Odebrecht Óscar Iván Zuluaga, candidato presidencial del partido que lidera el expresidente colombiano en las elecciones en las que le que lo ganó Santos en 2014.
En Brasil, origen de todo este escándalo internacional, Odebrecht es parte de un entramado de corrupción en el que el que están implicadas las principales empresas del país en torno al gigante estatal Petrobras y que propició la crisis que llevó a ser derrocada de la Presidencia a Dilma Rousseff y a poner contra las cuerdas de la Justicia a su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva.
La práctica del soborno por parte de Odebrecht parece a todas luces sistemática, sin preferencias por gobierno alguno en concreto e inducida o favorecida por sistemas políticos afectados por una corrupción crónica y capaz de infectar a cualquier administración presidencial.
También parece evidente que con las cifras millonarias que destinaba a los sobornos Odebrecht no se iba a jugar la consecución o no de sus fines a la intervención de meros intermediarios o funcionarios de nivel intermedio.
En Brasil, el propietario y expresidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, se encuentra en la cárcel condenado en primera instancia a 19 años de cárcel.
Condenada indefectiblemente al ostracismo empresarial al menos a mediano plazo, el emporio parece dispuesto, por lo menos, y caiga quién caiga, a sacar de la cárcel a su propietario en un juicio de segunda instancia a cambio de la llamada «colaboración eficaz» con la Justicia.
A consecuencia de las confesiones en Brasil de la empresa, que también opera en Estados Unidos, las autoridades de ese país aplicaron a Odebrecht el Acta de Prácticas Corruptas en el Extranjero y abrieron la correspondiente investigación.
Como resultado, el Departamento de Justicia de EE.UU. reveló el pasado 21 de diciembre el alcance económico y los países de destino -788 millones de dólares entre Latinoamérica y África- de los sobornos de Odebrecht.
Los datos revelados por EE.UU., que Odebrecht ha asumido y por los que ha aceptado pagar una millonaria multa de alrededor de 3.500 millones de dólares, mencionan textualmente a «funcionarios e intermediarios del Gobierno» como destinatarios de los sobornos en cuestión.
Los principales países latinoamericanos implicados desde al menos 2003 hasta 2016, además de Brasil, son Panamá, República Dominicana, México, Guatemala, Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia, Argentina y Guatemala. EFE