La abogacía del estado israelí ha pedido por primera vez al Tribunal Supremo que no derribe estructuras en una colonia en Cisjordania sobre tierras privadas palestinas al amparo de la nueva y polémica Ley de Regularización de asentamientos, informó hoy la ONG israelí Yesh Din.
Sería la primera vez que se utiliza esta ley, aprobada el pasado 6 de febrero y condenada por la Unión Europea, la ONU y varios países de la comunidad internacional, para legalizar retroactivamente viviendas en colonias.
Se trata de siete estructuras y carreteras levantadas en la colonia de Adei Ad, en el norte de Cisjordania ocupada, sobre propiedad privada palestina, que con la nueva legislación podrían ser confiscadas a cambio de una indemnización.
«Dada la legislación de la Ley de Regularización para Judea y Samaria (nombres bíblicos para Cisjordania) el Estado necesita examinar las ramificaciones de esta ley respecto a las estructuras en cuestión», aseguró el abogado estatal a la corte, en un juicio que estudia la demanda de los propietarios de los terrenos que piden el desmantelamiento del asentamiento.
Adei Ad fue fundada en 1998 cerca de la colonia de Shvut Rachel y está compuesta por 65 estructuras, de las que cinco están sobre terrenos privados y el resto sobre tierras que Israel considera «del Estado».
En un comunicado, Yesh Din denunció que «todo el asentamiento de Adei Ad fue construido ilegalmente y, desde su establecimiento, los residentes palestinos de la zona han sufrido un acoso constante y exclusión de su tierra» y criticó que las denominadas «tierras estatales» se dedican exclusivamente a los colonos.
Israel considera algunas de sus colonias ilegales o irregulares, ya que fueron establecidas sin autorización expresa de las autoridades, pero para la comunidad internacional, todos los asentamientos en los territorios palestinos ocupados son contrarios a la ley y un obstáculo para la paz en la región.
El Fiscal General del Estado israelí, Avijai Mendelblit, advirtió antes de la aprobación de la ley de regularización que esta podría ser contraria a las leyes básicas del estado y aseguró que no la defenderá si es recurrida ante el Supremo.
EFE