El grupo Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) aplaudió este martes la imposición de sanciones económicas por narcotráfico de EE.UU. al vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, el cargo más alto del Gobierno venezolano sancionado nunca por este país.
“Expresamos nuestro agradecimiento al Departamento del Tesoro de EE.UU. y al presidente, Donald Trump, por haber decidido incluir en la lista de señalado por narcotráfico a El Aissami y a su testaferro, Samark López Bello”, señaló en un comunicado Veppex, con sede en Miami.
El Departamento sancionó también al empresario Bello por ser el “testaferro” de El Aissami y proporcionar “material, apoyo financiero, bienes y servicios” al narcotráfico.
Tras una investigación de “años”, el Departamento del Tesoro de EE.UU. determinó ayer que El Aissami desempeña un “papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos”, con destinos que incluyeron México y Estados Unidos.
Una evaluación que respaldó la organización de exiliados venezolanos, para la cual en el país suramericano “opera un narco-estado donde sus principales funcionarios lideran los carteles de la droga y han sido señalados por agencias y gobiernos de otros países”.
Veppex tiene previsto “ratificar” ante el Departamento de Justicia de EE.UU. la petición que efectuó años atrás en la que pedía que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, fuese señalado por “encubrir y proteger a narcotraficantes en su territorio y proporcionarles cargos de poder en el país para facilitar y garantizar las operaciones de tráfico de drogas”.
Asimismo, Veppex solicitó a la Asamblea Nacional (AN Parlamento) de Venezuela que convoque una sesión especial para debatir la “gravedad de las acusaciones de narcotráfico que pesan sobre funcionarios venezolanos”.
E instó a la AN a que evalúe la realización de una “enmienda constitucional que permita la extradición de ciudadanos venezolanos acusados de narcotráfico a los países donde se originan dichas acusaciones”.
EFE