Una semana después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenara el veto migratorio, decenas de abogados y voluntarios siguen trabajando en el aeropuerto JFK de Nueva York para defender los derechos de los afectados.
La cafetería «Central Diner» de la terminal 4 del John F. Kennedy se ha convertido en una improvisada oficina, abierta las 24 horas, en la que se han instalado tanto intérpretes como abogados que se han ofrecido para trabajar de forma pro bono largos turnos a fin de ayudar a los viajeros perjudicados por la medida.
Es el caso de la abogada especializada en inmigración Tahanie Aboushi, que lleva toda la semana en la terminal 4 prestando asistencia a las familias de los detenidos, que calcula en más de cien personas.
«Esto es una violación directa de la Constitución estadounidense. La orden ejecutiva del presidente discrimina en base a la nacionalidad y no podemos quedarnos de brazos cruzados frente a algo así. Tenemos una gran lucha por delante», afirmó Aboushi en declaraciones a Efe.
De entre los casos que ha presenciado, explicó el de un padre y un hijo de un vuelo procedente de Irán que fueron detenidos al pisar suelo estadounidense y permanecieron en custodia policial durante 33 horas.
«Les dieron dos opciones: ser deportados a Irán con la prohibición de no volver a Estados Unidos en cinco años o enfrentarse a una detención indefinida», aseguró la abogada.
En la última semana, varios jueces federales han bloqueado, de forma temporal, las deportaciones de ciudadanos procedentes de Irán, Irak, Libia, Siria, Sudán, Somalia y Yemen que lleguen a EE.UU. con visado en regla.
No obstante, la abogada apuntó que uno de los mayores desafíos legales a los que se enfrentan es que incluso en países como México, Colombia, Francia y Alemania muchas aerolíneas están impidiendo a personas de esas nacionalidades embarcar en vuelos con destino a Estados Unidos, pese a tener el estatus de residencia permanente.
«La gente a la que se le ha impedido la entrada tienen visados válidos y aún así han sido interrogados y revisados exhaustivamente (…) Hay que recordar que no son ilegales», denunció Steven DeMaio, un joven abogado que se unió al grupo de voluntarios el pasado sábado.
«Nos han informado de casos en los que las autoridades han pedido a residentes permanentes que firmen el formulario I-407, que supone una renuncia voluntaria a su estatus legal», explicó DeMaio.
Los voluntarios esperan en la pasarela de la terminal de llegadas con carteles en inglés y en árabe en los que se lee «¿Ha visto a alguien que estuviera siendo detenido?» y «Asistencia legal gratuita».
Además, la coalición de abogados ha lanzado una campaña en las redes sociales con la etiqueta #NoBanJFK #NoBanNoWall con el fin de recabar apoyos y poner en contacto a todo aquel que sea retenido o tenga prevista su llegada a ese aeropuerto.
«Nueva York es una ciudad que acoge a todo tipo de refugiados e inmigrantes (…) Los valores de nuestro país y nuestras libertades constitucionales están siendo atacados», aseguró la representante de la Coalición de Inmigrantes de Nueva York Muzna Ansari, en una rueda de prensa celebrada hoy frente a la terminal 4 del JFK.
Junto a Ansari, decenas de miembros de la comunidad musulmana de la ciudad realizaron este mediodía el rezo islámico «Salat» en solidaridad a los afectados por una orden ejecutiva que consideran «injusta» y «discriminatoria».
«Muchos refugiados han pasado por un proceso de más de dos años para poder venir a Estados Unidos, y ahora se les está denegando la entrada. En el mundo en que vivimos, ahora más que nunca, tenemos que protegernos los unos a los otros, ser nuestros propios aliados», sentenció Ansari. EFE