El Tribunal Supremo de EE.UU. dejó este lunes en pie la suspensión a la ley de Texas que exige a los votantes mostrar en las urnas un carnet de identidad, una medida que amenazó con frenar la participación de las minorías negra e hispana en las elecciones presidenciales y legislativas de noviembre pasado.
La decisión se produce justo después de que el Gobierno de Donald Trump pidiera el viernes a la Corte del distrito Sur de Texas que retrasara 30 días las audiencias sobre el caso debido a la entrada de una nueva Administración y al «cambio de liderazgo» que se espera al frente del Departamento de Justicia.
La ley, proclamada en 2011 por el entonces gobernador republicano de Texas, Rick Perry, obligaba a los votantes a mostrar un carné con fotografía para poder ejercer su derecho al voto, pese a que en el país no hay un documento nacional de identidad y los ciudadanos no están obligados a disponer de esa identificación.
Los defensores de la ley argumentan que evita fraudes, pero sus opositores aseguran que, en realidad, busca impedir el voto de los pobres y las minorías.
En concreto, el Tribunal Supremo rechazó hoy considerar una petición de Texas para restaurar la suspendida ley, lo que otorga una victoria temporal a los defensores del derecho al voto.
Con su decisión, los jueces mantienen la decisión de la corte del distrito sur de Texas, con sede en Corpus Christi, que determinó que la ley impone «una carga inconstitucional sobre el derecho a voto, tiene un efecto discriminatorio inadmisible contra los hispanos y los afroamericanos y se ha impuesto con un propósito discriminatorio que es inconstitucional».
En una inusual declaración escrita, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, afirmó que el estado de Texas se ha anticipado a la hora de dar sus argumentos y debe esperar a que el caso se resuelva en la corte federal de Corpus Christi para después acudir al alto tribunal, si aún lo considera necesario.
El magistrado determinó que las preocupaciones planteadas por el estado serán resueltas de una forma «más adecuada» después de que el juez de Texas que evalúa el caso emita una sentencia final.
Leyes similares a la de Texas se han multiplicado en otros estados, como Carolina del Norte, desde que en 2013 el Tribunal Supremo invalidara una sección de Ley del Derecho al Voto que obligaba a los estados de «tradición conservadora» a recibir permiso del Gobierno antes de llevar a cabo modificaciones electorales.
Para varias organizaciones, la decisión del Supremo truncó una parte esencial de la Ley del Derecho al Voto, que permitía al Gobierno eliminar las trabas que los estados ponían a los negros para votar, un derecho que tenían desde 1870 pero que no podían ejercer por la represión, entre otros, del Ku Klux Klan.
En Texas, el segundo estado con mayor población hispana, 4,2 millones de latinos tienen derecho a votar, según datos del censo de 2010. EFE