La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) venezolana, de mayoría opositora, aprobó este martes un acuerdo sobre la «vulneración de derechos» de los diputados y aseguró que estos seguirán realizando denuncias pese a lo que consideran «agresiones» por parte del Gobierno y del Poder Judicial.
El diputado opositor Luis Florido, presidente de la comisión de política exterior, inició este debate en el que no participó ningún miembro de la bancada chavista, pues este grupo abandonó el Parlamento arguyendo que el Legislativo se encuentra en desacato y, por tanto, sus actos son nulos.
Florido -que el viernes pasado dijo que le habían anulado su pasaporte al llegar a Venezuela procedente de República Dominicana- explicó que el servicio local de migración le notificó una «prohibición migratoria» en su contra y que, en razón de ello, no ha podido obtener un nuevo pasaporte.
El opositor afirmó que seguirá «llevando la voz» de Venezuela en el exterior pese a estas «tropelías» y reiteró que los legisladores gozan de inmunidad por lo que pidió a funcionarios civiles y militares de instituciones públicas respetar la Constitución y las leyes.
Por su parte, la diputada Delsa Solórzano, presidenta de la comisión de política interior, cuestionó una sentencia emitida el pasado jueves por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que, a su juicio, viola las normativas vigentes sobre el funcionamiento del Parlamento.
Esta sentencia, según dijo, ordena a la Fiscalía y a la Contraloría abrir una investigación de carácter penal contra los diputados que, individualmente, hayan incurrido en los delitos de conspiración, usurpación de funciones, desviación de poder y violación de la Constitución.
Entretanto, el diputado y expresidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, calificó de «artimañas del Gobierno» estas acciones, así como el estatus de desacato que el Tribunal Supremo impuso a la AN por el incumplimiento de varias sentencias.
«Les conviene mantenernos en este falso desacato (pues) se lo han robado todo (…) este Gobierno no aguanta una asamblea que haga su trabajo: legislar, controlar y debatir», sostuvo Ramos tras ponderar como «grave» que altos funcionarios, aseguró, hayan sido señalados por delitos de narcotráfico «y no pase nada» en el país.
«Nosotros vamos a seguir cumpliendo con nuestras funciones (…) no vamos a hacer lo que le interese a este Gobierno rufián», agregó.
El Parlamento acogió también la propuesta del diputado Carlos Bastardo de documentar todas estas «agresiones» a los diputados para establecer responsabilidades.
Durante esta sesión, además, los diputados acordaron que la comisión de contraloría abra una investigación sobre los supuestos sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht en Venezuela y pedir a la Fiscalía toda la información que disponga sobre este caso y que inicie acciones contra quienes estén involucrados.
Los diputados también aprobaron hoy, en presencia de varios representantes de la comunidad judía venezolana, un acuerdo por el día internacional de la conmemoración anual en memoria de las víctimas del Holocausto. EFE