El alcalde del condado Miami-Dade, Carlos Giménez, ordenó cumplir con las solicitudes de detención de inmigrantes emitidas por el Gobierno federal para no incurrir en recortes de fondos, tal como advirtió el presidente Donald Trump esta semana.
Giménez instó este jueves al Departamento de Prisiones y Rehabilitación del condado a cumplir con todas esas solicitudes que ordene la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), tras la orden ejecutiva firmada por Trump.
El presidente firmó este miércoles una orden ejecutiva que retira fondos federales a las denominadas «ciudades santuario», jurisdicciones que rechazan destinar fondos y esfuerzos para cooperar con programas federales que no son de obligatorio cumplimiento.
Tras conocer la noticia, en su cuenta de Twitter Trump saludó la orden del alcalde Giménez y señaló que era la «decisión correcta».
Por el contrario, la Unión Americana de Libertades Civiles de Florida (ACLU) de Florida lamentó la decisión y advirtió que por ley se requiere una «orden judicial», no simplemente una «solicitud de un funcionario federal» para detener a una persona en la cárcel.
«Estamos decepcionados de que el alcalde Giménez ha instruido a los funcionarios del condado de Miami a cumplir con las solicitudes de detención federales», expresó Howard Simon, director de ACLU Florida.
El activista dijo que «resistirán cada intento de nuestro Gobierno de castigar a los inmigrantes» y señaló que la decisión va en «contra de la larga historia de Miami como una ciudad de inmigrantes».
Agregó que estas políticas «solo sirven para crear un muro de desconfianza entre el departamento policial y nuestra comunidad de inmigrantes» como lo han expresado expertos policiales.
Desde 2014, el condado de Miami-Dade se rehusaba a las detenciones ordenadas por ICE a fin de ahorrarse miles de dólares anuales, ya que se reducía la estadía de estos inmigrantes en las prisiones, especialmente aquellos detenidos por delitos menores.
El condado, que ahora revierte esa posición, buscaba corregir gastos excesivos por la detención antes que sumarse a un movimiento nacional que busca proteger a los indocumentados y evitar su detención «inconstitucional», por más tiempo del que prevén las leyes.
Miami-Dade solo acataba aquellos casos en los que lograba un acuerdo por «escrito» con el Gobierno federal para que este último se hiciera cargo del coste extra.
En promedio, un detenido requerido por ICE permanecía unos treinta días más en una cárcel de Miami-Dade que alguien que no es solicitado por las autoridades migratorias, situación que puede volver a repetirse ahora. EFE