La Orden de Abogados de Brasil (OAB) presentará una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) contra los estados del país en los que se han presentado recientemente masacres en el interior de algunas de sus cárceles, informó este viernes la institución.
“El objetivo es que la CorteIDH tome una actitud sobre este tema y exija a los estados resolver el problema (carcelario)”, confirmaron a Efe fuentes del gabinete de presidencia de la OAB.
La futura demanda, que “aún precisa ser muy detallada”, incluirá “con seguridad” a los estados de Amazonas y Roraima, donde esta semana han tenido lugar sangrientas reyertas en varios de sus centros penitenciarios con un balance total de más de 90 muertos.
Entre el 1 y el 2 de enero, el Complejo Anísio Jobim de Manaos, capital del estado de Amazonas, fue el escenario de una masacre en la que fallecieron 56 personas.
La matanza fua atribuida a una supuesta disputa entre las facciones Primer Comando de la Capital (PCC) y Familia do Norte (FDN), aliada del Comando Vermelho (CV), organización criminal esta última con gran poder en Río de Janeiro.
Al menos otras 33 personas fueron asesinadas hoy en una cárcel de Boa Vista, capital del estado de Roraima, fronterizo con Venezuela y Guyana.
En otra prisión de Manaos se registraron a comienzos de este año otras cuatro víctimas, mientras que en una cárcel del estado de Paraíba hubo otros dos asesinados esta semana.
Según la OAB, las cárceles brasileñas “están controladas por el crimen organizado” y los estados “están fallando a la hora de mantener el orden y cumplir la Constitución”.
La idea es que la CorteIDH, con sede en San José, capital de Costa Rica, inste al poder publico brasileño “a tomar acciones concretas para recuperar el control de los presidios”.
La nueva crisis carcelaria ha obligado al Gobierno del presidente Michel Temer a adelantar la publicación de su Plan Nacional de Seguridad.
Con la iniciativa, el Gobierno pretende reducir la alta tasa de homicidios, combatir el crimen organizado y modernizar el sistema penitenciario, el cual se encuentra en “pésimas condiciones”, según el ministro de Justicia, Alexandre de Moraes.
En noviembre de 2014, la CorteIDH se pronunció sobre la situación carcelaria del país y exigió que Brasil adopte medidas para garantizar la vida de los presos en Pedrinhas, en Sao Luis de Maranhão y considerada la cárcel más violenta en la que ese año murieron 18 internos. EFE