El coordinador nacional de Gremios de Voluntad Popular y diputado por el Parlasur, Rafael Veloz, introdujo un recurso escrito ante la Organización de Estados Americanos en su sede en Caracas para solicitar que se nombre una comisión para investigar la violación sistemática de los derechos humanos y la falta de independencia del poder judicial en Venezuela. Señaló que las Naciones Unidas (ONU) establecen a través de su Asamblea General regulaciones muy estrictas que indican que la administración de justicia debe ser independiente, requisito que no cumple actualmente el Tribunal Supremo de Justicia.
“Nos encontramos frente a un colapso completo del sistema de justicia, algo que pudimos ver ayer cuando la Sala Constitucional usurpa una función exclusiva de la Asamblea Nacional y nombra rectores del CNE. Una Sala Constitucional que por demás es ilegal dado que fue nombrada fuera del periodo legislativo por la Asamblea Nacional saliente el 23 de diciembre del 2015. Por eso introducimos hoy ante la Organización de Estados Americanos un escrito dirigido a su secretario general Luis Almagro para que se nombre una comisión que investigue la independencia del sistema de administración de justicia y la violación sistemática de los derechos humanos de los venezolanos por parte del régimen y el Tribunal Supremo de Justicia”.
Veloz señaló que además de la Organización de Estados Americanos acudirán también al Alto Comisionado para la Defensa de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Asociación Latinoamericana de Magistrados, Mercosur y la Comisión Internacional de Justicia. “Continuaremos llevando esta denuncia a nivel internacional para demostrar al mundo la no independencia del sistema de justicia en Venezuela. La denuncia está enfocada además contra tres magistrados de la Sala Constitucional, Calixto Ortega, Luis Galliani y Luisa Suárez”.
El también dirigente nacional de Voluntad Popular señaló que si existe una crisis humanitaria en Venezuela es porque no existe una administración de justicia independiente en el país. “Aquí no existe un solo tribunal que pueda ejercer control y administrar justicia frente a los atropellos del régimen de Nicolás Maduro. El último informe que dicta la Comisión Internacional de Justicia en el año 2015 establece que la situación de la justicia venezolana es calamitosa. Entre el año 2013 y 2015 el 98% de las peticiones de medidas cautelares o preventivas hechas por los ciudadanos fueron rechazadas, mientras que por el contrario el 97% de las medidas del mismo tipo pedidas por el Estado venezolano fueron aprobadas. Nos encontramos entonces ante un sistema de justicia que se encuentra al servicio del Estado y no al servicio de los ciudadanos” puntualizó.
Prensa – Voluntad Popular