Con la llegada a la Presidencia de Donald Trump, empresas de EE.UU. y de otros países se pueden ver afectadas si el nuevo Gobierno estadounidense abre por primera vez las puertas a demandas en cortes del país para reclamar bienes expropiados por el régimen de los Castro en Cuba.
Aunque la norma que lo permite está encaminada a la recuperación por parte de ciudadanos estadounidenses de propiedades en la isla, plantea un dilema adicional al afectar eventualmente a estas compañías, que las están usufructuando.
Los Gobiernos y empresas extranjeras «deben estar preparados para la incertidumbre, y para la incertidumbre sobre la incertidumbre», expresó a Efe John Kavulich, presidente del Consejo Comercial y Económico EE.UU.-Cuba, que reúne a compañías estadounidenses interesadas en aumentar el comercio con la isla.
Aunque el experto dijo que era «improbable» que se aplique la cláusula que así lo permite, el Título III de la Ley Libertad (Helms-Burton), aseguró, puede coaccionar la recuperación de bienes en la isla.
«Será usada como una herramienta quirúrgica para presionar» a Gobiernos y empresas extranjeras «para alentar al Gobierno de Cuba a resolver las 5.913 reclamaciones certificadas que hay en Estados Unidos», por un monto total de 1.900 millones de dólares, aseguró.
Un ejemplo es el aeropuerto de La Habana, que es reclamado por el cubano-estadounidense José Ramón López y que es utilizado por aerolíneas extranjeras, entre ellas estadounidenses desde agosto pasado, cuando se inauguraron los vuelos comerciales entre ambos países después de más de cincuenta años de enemistad diplomática.
Empresas que operan en el aeropuerto José Martí o en el puerto de Santiago de Cuba, a donde llegan cruceros y que también tiene reclamaciones, pueden verse afectadas por decomisos u otras costosas acciones legales en caso de demandas propiciadas por el Título III.
Estos reclamos y las posibles sanciones a terceros países que tienen negocios con el régimen generarían un «enredo» y una serie de demandas internacionales, señaló a Efe Ramón Saúl Sánchez, presidente del Movimiento Democracia.
Para los congresistas cubano-estadounidenses de Florida Ileana Ross-Lehtinen y Mario Díaz-Balart, es simplemente una muestra más del «riesgo» que significa hacer negocios con Cuba.
Cuando se cumplen hoy dos años del anuncio del proceso de normalización diplomática hecho por el presidente de EE.UU., Barack Obama, y su homólogo cubano, Raúl Castro, ambos republicanos calificaron de «fracasada» esta política y se mostraron esperanzados con la promesa de Trump de «revertirla».
Andy S. Gómez, decano retirado del Instituto de Estudios Cubanos y Cubano-estadounidenses, de la Universidad de Miami, expresó a Efe que recuperar los bienes es un reto legal y de procedimiento «muy complicado».
Señaló que mientras no existan mejores relaciones entre EE.UU. y Cuba,»esto no va a echar para adelante».
Un primer paso puede darlo el republicano Trump con la activación del Título III, que desde su creación en 1996 ha estado suspendido por orden de los presidentes Bill Clinton, George W. Bush y Obama.
Es una cláusula que permite a estadounidenses, así no lo fueran en el momento de la expropiación, presentar en cortes de Estados Unidos reclamos de bienes en Cuba y que prohíbe a empresas extranjeras «traficar» con estas propiedades confiscadas.
Sin embargo, algunos expertos consideran que estas reclamaciones no son oportunas por ahora, mientras que organizaciones del exilio creen que no son prioritarias como el respeto de los derechos humanos y la celebración de elecciones libres en Cuba.
«Las posibilidades no son muy buenas, vamos a ser realistas, porque para tener un proceso tiene que haber una relación entre ambos países mejor que la que se ha visto en los últimos 58 años», manifestó Gómez.
«Sí, podemos pelearlo. Sí, podemos ganarlo… Y ¿Qué va a hacer Cuba con eso?. La cosa sería pelearlo en las cortes cubanas cuando llegue el momento, pero ese momento no está ni cerca», agregó.
El presidente del Movimiento Democracia indicó que estas reclamaciones no le harían bien al exilio cubano, cuya prioridad es la «libertad de Cuba».
Trump, quien tomará posesión el 20 de enero, tendrá la prerrogativa de activar el Título III, aunque no es claro si Obama la dejará en enero suspendida por otros seis meses o trasladará la decisión a Trump.
«No sabemos qué es lo va a hacer Trump cuando asuma el poder sobre el tema de Cuba. Me imagino, para ser realista, que Cuba no es una de sus cien prioridades», expresó Gómez.
Kavulich considera que la muerte Fidel Castro, en noviembre pasado, proporcionó «una generosa oportunidad» a Trump en momentos en que estaba escogiendo quiénes lo guiarán en el tema de Cuba.
Aseguró que Trump debería mantener suspendido el Título III para evitar «distracciones innecesarias» y que el mensaje a Castro debe ser: «No habrá expansión de la relación bilateral hasta que no haya una liquidación de las reclamaciones certificadas». EFE