Puerto Rico termina 2016 con un nuevo Gobierno salido de las urnas el 8 de noviembre que se verá condicionado por una junta supervisora impuesta por el Congreso estadounidense, que busca una solución a la descomunal deuda que amenaza con colapsar la economía local.
Ricardo Rosselló, hijo de un exgobernador y de solo 37 años, fue elegido por los puertorriqueños para que les saque del foso que supone una deuda de más de 60.000 millones de dólares que este Estado Libre Asociado a Estados Unidos no puede pagar.
Años de gobiernos que recurrieron a la emisión de deuda sin pensar en el futuro para cuadrar sus presupuestos terminaron de forma abrupta este 2016, cuando el Ejecutivo de Alejandro García Padilla que ahora abandona el cargo incurrió en varios impagos que le cerraron la puerta a los mercados, poniendo fin a años de vivir a costa de la emisión de bonos.
Los impagos de las corporaciones públicas a instancias del Gobierno provocaron amenazas por parte de los acreedores de llevar hasta los tribunales al Ejecutivo, que miró hacia Washington, a cuyo Congreso se supedita Puerto Rico a pesar de poseer una Constitución propia, en busca de ayuda.
Durante los meses que precedieron al pasado verano el Gobierno exigió poder declararse en bancarrota -como les está permitido a los estados de Estados Unidos- para organizar una reestructuración de la deuda, a lo que, por presión de miembros del Partido Republicano, se opuso el Congreso en Washington.
El Ejecutivo de Puerto Rico, cuya Constitución pone por delante de cualquier otro pago cumplir con los acreedores, advirtió de que estaba en riesgo la prestación de servicios básicos a la ciudadanía, ya que no había dinero para atender a la población y pagar la deuda.
Puerto Rico no puede acogerse a la Ley federal de Quiebras estadounidense, ya que esa norma no equipara la isla a los estados de Estados Unidos.
Además, la Justicia federal declaró, en junio, inconstitucional una norma que el Gobierno local aprobó para establecer un mecanismo propio de bancarrota.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos, al impedir con sus decisiones que la isla pudiera reestructurar su deuda acogiéndose a la ley federal o por la normativa local legislada, dejó al Gobierno local sin margen de maniobra.
La amenaza de juicios interminables con los acreedores o que Washington tuviera que hacerse cargo de la deuda llevó a que a finales de junio el Congreso federal diera luz verde a la ley «Promesa», que establece la vía para la reestructuración de la deuda por medio de una junta de supervisión.
Bajo la nueva ley, la junta de supervisión fiscal puede anular cualquier ley del Gobierno local que considere una violación de «Promesa» y obligar al Ejecutivo a vender activos, fusionar agencias o despedir empleados gubernamentales.
Las muestras de descontento que siguieron por parte de políticos puertorriqueños de todos los espectros apuntando a que la medida laceraba la democracia de poco sirvieron, salvo para que los partidarios de la independencia y los que quieren la plena integración del territorio en Estados Unidos recordaran que la isla no es, a sus ojos, más que una colonia.
El conflicto estalló a finales de noviembre cuando el Ejecutivo de García Padilla dio a conocer que no acataría una decisión de la entidad impuesta por Washington.
La reacción del Gobierno fue la respuesta al anuncio de la junta de supervisión del rechazo al plan fiscal presentado por el Ejecutivo de García Padilla.
El Ejecutivo esgrimió que los cambios exigidos por la junta perjudicarían la economía local, en referencia a medidas de austeridad que incluyen recortes en las prestaciones sociales.
Aunque el asunto de la deuda ha monopolizado prácticamente la actualidad mediática en 2016, el nuevo Gobierno tendrá que atender también asuntos como el alza de la criminalidad y el mal estado de las infraestructuras del sistema eléctrico.
Puerto Rico es territorio estadounidense desde 1898 y se define como Estado Libre Asociado a ese país, con Constitución propia y con un importante grado de autonomía, aunque Estados Unidos se reserva apartados como defensa, moneda, inmigración y aduanas, entre otros. EFE