Las masacres y los delitos vinculados al hambre aumentaron durante 2016 en Venezuela, según la ONG Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), que señaló la profunda crisis económica nacional como uno de los catalizadores.
La organización no gubernamental informó este miércoles que el país caribeño registró 28.479 asesinatos este año, cifra que supera los 27.875 casos documentados en 2015 y que arroja una tasa de 91,8 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Indicó además que el país contabiliza entre 1 y 4 masacres (tres o más homicidios en un mismo hecho) cada semana y experimenta «un fenómeno nuevo» que es la aparición de delitos y de violencia vinculada al hambre, una modalidad que involucra a delincuentes «amateur» que hurtan ya no productos suntuarios sino alimentos.
El director de la ONG, el sociólogo Roberto Briceño León, aseguró en rueda de prensa que estos números ubican a Venezuela como el segundo país más violento del mundo, antecedido por El Salvador y seguido por Honduras, que registran 103 y 59 homicidios por cada 100.000 habitantes, respectivamente.
Aunque aclaró que esta clasificación excluye a países que viven conflictos armados o guerras, afirmó que en algunos casos Venezuela supera en cantidad de homicidios a naciones que han sufrido bombardeos masivos.
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, indicó en febrero que la tasa de homicidios en el país se ubicaba entonces en 58,1 por cada 100.000 habitantes.
Sin embargo, Briceño León explicó hoy que el delito y la respuesta policial se hicieron este año más violentas en el país caribeño debido a la utilización de armas de guerra y atribuyó esta realidad a la «destrucción de la institucionalidad y reglas de juego» por parte del Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
«La partidización del sistema de justicia, el desconocimiento e intento de control sobre el poder Legislativo (de mayoría opositora) y el bloqueo de los mecanismos electorales han creado una situación de tensión importante en la sociedad», sostuvo tras asegurar que lo político incide ineludiblemente en los indicadores de violencia.
Todo esto, aunado al «empobrecimiento generalizado de la sociedad», a la escasez y carestía de productos, así como a la carencia y deficiencia de servicios básicos, aumentó la irritabilidad y agresión durante el 2016, según el especialista.
Por ello, de acuerdo con cuentas del OVV, se dispararon en todo el país los casos de linchamientos, que dejaron al menos 120 víctimas fatales, así como las muertes por encargo que arrojaron un promedio de entre 1 y 4 sicariatos por semana.
Briceño León sostiene que todo esto generalizó el miedo y la pérdida de libertades entre los ciudadanos que, en algunos casos, optan por no salir de sus casas en horas de la noche, y entre los comerciantes que ocasionalmente cierran sus negocios más temprano para evitar robos o saqueos.
Además, provocó el «desplazamiento de civiles» que huyen de la violencia, algo que, afirmó, es «inédito» en un país que recibió a miles de inmigrantes durante décadas y que ahora ve partir a segundas o terceras generaciones hacia sus países de origen, entre los que el OVV menciona a Colombia, España e Italia.
El director del observatorio subrayó también que este año aumentaron las renuncias de policías debido a la «victimización» que, dijo, han sufrido por los bajos salarios, una desprotección ante organizaciones delictivas y por la impunidad.
Sobre este último punto, denunció que en el país apenas nueve personas son detenidas por cada 100 asesinatos y que el «deterioro del sistema penal» ha ocasionado más retardo procesal al hacer que miles de reos permanezcan en calabozos durante meses pese a tener órdenes de traslados a cárceles comunes.
Briceño León precisó que Caracas es la capital de país más violenta, pero no la ciudad más violenta del mundo pues, explicó, existen localidades menos pobladas que registran tasas de homicidio superiores.
Pero señaló que Caracas es hoy día 14 veces más violenta que Sao Paulo (Brasil), 10 veces más que Bogotá y 15 veces más que Ciudad de México.
Por último, explicó que, en vista de la «censura oficial», este balance fue levantado por observatorios regionales de violencia, registros de prensa, datos primarios de funcionarios públicos que trabajan en el sistema de justicia y otras aproximaciones rigurosas y «científicas».
En este sentido, dijo que del total de muertes violentas 18.230 constan en expedientes del sistema de Justicia, 4.968 fallecieron por heridas de bala y quedaron asentados como «averiguaciones», y 5.281 murieron al poner resistencia ante las autoridades, una modalidad que «aumentó» su fatalidad de 65 % a 79 % este año.
«Esta violencia que padecemos no es una maldición irreversible que nos cayó del cielo, esto es el resultado de políticas públicas equivocadas que, cambiándolas, esta situación podrá revertirse», agregó tras admitir que las cifras del OVV corren el riesgo de estar sobrestimadas o subestimadas. EFE