El fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, alertó hoy sobre «amenazas» a la lucha contra la corrupción en el país, en medio de un creciente conflicto entre la justicia y el Parlamento derivadas de la investigación en la estatal Petrobras.
«Las amenazas de represalias o revanchismo no pueden desviarnos del camino recto y del cumplimiento de nuestro deber», afirmó Janot en un mensaje dirigido a los miembros del Ministerio Público, en el que pidió «coraje para actuar, a pesar de los designios contrarios a nuestra actuación constitucional».
La nota dice que «la hora es grave y decisiva» y añade que las investigaciones en Petrobras, que salpican a decenas de políticos, «se imponen a todos» y avanzar en ellas «es un deber institucional».
El mensaje de Janot fue difundido con motivo de la celebración en Brasil del Día del Ministerio Público, pero coincidió con una nueva vuelta de rosca de un conflicto que enfrenta a los poderes judicial y legislativo en el marco del combate a la corrupción.
El último episodio de ese embate se generó hoy, tras una decisión cautelar del magistrado Luis Fux, uno de los miembros de la Corte Suprema, que suspendió el trámite de un paquete de leyes contra la corrupción ya aprobado en la Cámara Baja y remitido al Senado.
El proyecto de ley nació de una iniciativa del Ministerio Público respaldada por más de dos millones de ciudadanos, pero fue alterado en la Cámara de Diputados, que introdujo los artículos que causaron alarma en el Poder Judicial.
Entre ellos, sobresale uno que establece sanciones para jueces y fiscales que actúen por «motivaciones político-partidarias», lo cual ha sido una acusación recurrente por parte de muchos políticos que son investigados por las corruptelas en Petrobras.
En su decisión, el magistrado Fux sostuvo que el proyecto de ley propuesto por el Ministerio Público fue «desfigurado» en la Cámara baja, por lo que ordena que sea discutido nuevamente.
«Hay apenas un simulacro de participación popular cuando un texto gestado por un significativo número de electores es sustituido de forma extraña o incluso fulminado» y «atropellado por propuestas que solo le interesan a la clase política», indicó Fux.
El presidente del Senado, Renán Calheiros, reaccionó hoy frente a esa cautelar, que consideró como una «interferencia» e «invasión» en el proceso legislativo, una opinión compartida por el jefe de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, quien anunció que apelará ante el pleno del Supremo por la «decisión extraña» adoptada por Fux.
La Fiscalía ya ha afirmado que esas «maniobras parlamentarias» son un intento de «contener» las investigaciones sobre la red de corrupción en Petrobras, en la que hasta ahora están implicados decenas de políticos de todo el arco partidario.
Las alteraciones en el proyecto contra la corrupción fueron aprobadas en la Cámara de Diputados en vísperas de que comenzara el proceso de cooperación judicial pactado por 77 antiguos directores de la constructora Odebrecht, que han acordado revelar detalles del funcionamiento de la trama corrupta en la petrolera.
Esos testimonios, aún bajo secreto judicial, han empezado a causar inquietud en Brasilia, donde se asegura que el escándalo puede alcanzar a unos 200 políticos de todos los partidos, incluidas decenas de senadores y diputados. EFE