El Gobierno boliviano consideró hoy que la funcionaria del organismo de control de vuelos que cuestionó el plan de vuelo del avión de la aerolínea Lamia antes del accidente en Colombia «está confirmando su responsabilidad» al dejar el país e ir a Brasil sin presentar «las pruebas que muestran su inocencia».
«Nosotros consideramos que directa o indirectamente ella (la funcionaria Celia Castedo) está confirmando su responsabilidad en este evento o parte de la responsabilidad de este hecho tan trágico», dijo el ministro boliviano de Obras Públicas, Milton Claros, en una entrevista con la radio estatal Patria Nueva.
Castedo fue la funcionaria de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) que hizo varias observaciones al plan de vuelo del avión de Lamia que se estrelló el pasado 28 de noviembre en Colombia, cuando transportaba a los jugadores y dirigentes del club brasileño de fútbol Chapecoense.
Después del accidente presentó un informe alegando que sus observaciones no fueron atendidas por la empresa y que, incluso así, AASANA terminó autorizando el vuelo.
La boliviana alertó de que la autonomía de vuelo no era la adecuada, que hacía falta un plan alterno, que el informe había sido mal llenado y que era necesario hacer cambios.
Su principal observación fue sobre el tiempo de vuelo previsto entre la ciudad boliviana de Santa Cruz y la colombiana de Medellín (cuatro horas y 22 minutos), que era el mismo registrado para la autonomía de combustible que tenía el avión.
La funcionaria ingresó el lunes a territorio brasileño por la ciudad de Corumbá y pasó todo el día en negociaciones con su abogado y miembros de la Procuraduría General de la República de Brasil, que la trasladaron en la noche a la comisaría de la Policía Federal para que presentara su petición de refugio.
El fiscal general boliviano, Ramiro Guerrero, dijo hoy que está en comunicación con sus pares en Brasil sobre la huida de Castedo a ese país.
«Ella es una de las principales investigadas y lo que debería hacer más bien es presentarse al ministerio público, brindar su declaración, hacer los descargos correspondientes con los informes que realizó», declaró Guerrero, quien aseguró que no se está persiguiendo a nadie.
Por su parte, Claros pidió que no se ponga «en la misma bolsa a toda la operación en Bolivia», puesto que para el ministro el accidente es fruto «de la irresponsabilidad de un funcionario, de un piloto y de una aerolínea».
«La responsabilidad entera en esta tragedia la tiene la empresa», acusó Claros, quien consideró que fue el piloto quien tomó todas las decisiones y recordó que en el avión no estaban «ni el ministerio, ni la Dirección General de Aeronáutica Civil, ni AASANA».
Este ministerio comenzó la semana pasada varias investigaciones adicionales a la oficial que realiza Colombia para determinar el grado de responsabilidad de las autoridades aeronáuticas bolivianas y si la autorización que se dio a Lamia se hizo en términos legales.
En diez días, anunció Claros, se mostrarán «los resultados efectivos» y se sancionará «a todos los que han sido responsables o corresponsables de este evento tan lamentable».
El accidente provocó la muerte de 71 de sus 77 ocupantes y solo seis personas sobrevivieron a la tragedia: tres futbolistas, un periodista y dos miembros de la tripulación. EFE