El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, aprobó solicitar al Ministerio Público (MP) que inicie una investigación al procurador general del país, Reinaldo Muñoz, «por los delitos de usurpación de funciones», debido a que aseguran que no fue designado legalmente.
La propuesta fue presentada por la diputada opositora Delsa Solórzano luego de que su colega Óscar Rondero solicitara un debate para discutir la supuesta «usurpación del cargo» por parte de Muñoz.
Durante el debate, Rondero indicó que Muñoz no cumple con los requisitos para ejercer el cargo de procurador general, debido a que no fue designado por el presidente venezolano ni autorizado por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).
Añadió que otro de los requisitos para ejercer este cargo es que se debe tener 15 años de graduado y según indicó, Muñoz se graduó en 2002, es decir, que lleva 14 años de graduado.
Explicó que la última designación para este cargo se hizo en 2012 con el fallecido presidente Hugo Chávez y que la persona que lo ocupó fue la actual primera dama, Cilia Flores, quien en 2013 se separó del mismo por ser la esposa del recién electo presidente Nicolás Maduro.
Para ese entonces, dijo Rondero, Flores designó a Manuel Galindo y este luego le cedió el cargo a Reinaldo Muñoz.
Sin embargo, el parlamentario chavista Francisco Torrealba explicó que Muñoz se está desempeñando en el cargo como «encargado» y que este cargo es diferente al del de procurador general.
«Los requisitos que aplican para el procurador general de la República no aplican para el procurador general encargado», dijo al explicar que el articulo 49 de la Ley de Procuraduría General «establece que las faltas temporales o definitivas del procurador general de la República la suple el viceprocurador general».
Torrealba indicó que la bancada opositora buscaba confundir al país y que los únicos que estaban usurpando funciones eran los opositores en la AN al permitir que hayan parlamentarios no acreditados, en referencia a los diputados de Amazonas que pese a que fueron desincorporados por el Supremo, asisten a legislar.
Rondero replicó a Torrealba argumentando que lo que explicó sobre los cargos sería válido «si la señora Cilia Flores lo hubiera delegado, pero ese señor (Muñoz) fue delegado por el delegado de la señora Cilia Flores».
En ese sentido, la bancada opositora acordó también notificar «a todos los organismos internacionales» que Muñoz «está usurpando funciones y en consecuencia ningún documento que suscriba tendrá algún tipo de validez legal». EFE