La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), de mayoría opositora, aprobó hoy una ley para «la activación y fortalecimiento de la producción nacional» que implica, entre otras cuestiones, la unificación cambiaria en el país, lo que acabaría con la dualidad que rige actualmente.
Con el voto de la mayoría opositora, la Cámara sancionó este texto que tiene por objeto «promover la producción nacional de bienes y servicios, la seguridad alimentaria, el crecimiento económico, estimular las inversiones en la actividad productiva y darle valor agregado a las materias primas».
Según señala la AN en su página web, la ley también busca «fomentar la generación de empleos estables y contribuir con el incremento del ingreso y ahorro de divisas».
En este sentido, la ley insta al Estado a implementar una política cambiaria «de apoyo a la producción nacional que unifique el tipo de cambio en relación a las divisas extranjeras, a las cuales tengan acceso todos los ciudadanos y los diferentes agentes de la economía».
En Venezuela existe un control cambiario desde 2003 que reserva al Estado la exclusividad en el manejo de las divisas que, en los últimos años, ha intensificado los controles debido a la crisis económica nacional causada principalmente por la caída en los precios del petróleo, su fuente de financiación por excelencia.
El marco legal aprobado hoy también limita las confiscaciones de bienes, con excepción de los que provengan de delitos en contra del patrimonio público o de actividades vinculadas con el tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes.
La ley obliga al Estado a responder «patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en sus bienes o derechos que le sean imputables en los casos de ocupaciones o expropiaciones de hecho o irregulares».
La diputada opositora María Beatriz Martínez dijo en el pleno que esta ley «es la antítesis del chavismo, y del madurismo» pues, aseguró, «habla con claridad de seriedad en las políticas macroeconómicas, monetarias, cambiarias» y defiende la propiedad privada.
Por su parte, el diputado chavista Orlando Zambrano, criticó el proyecto y aseguró que los opositores al Gobierno de Nicolás Maduro buscan con esto «cuidar los privilegios» de «un sector del capital financiero trasnacional».
Desde enero pasado, cuando se instaló la actual Asamblea controlada por la oposición, esta ha sancionado una decena de leyes que han sido declaradas inconstitucionales por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) salvo una que regula el uso de la telefonía celular y de internet en el interior de las cárceles del país.
El Supremo ha declarado a la Cámara en desacato por el incumplimiento de una sentencia que ordenaba suspender la incorporación a la Asamblea de los diputados del estado Amazonas tras una denuncia del chavismo de irregularidades en las votaciones en esa circunscripción.
Recientemente el Parlamento desincorporó a petición propia a esos diputados por lo que su directiva espera que le sean devueltas sus facultades constitucionales. EFE